El problema de la financiaci\u00f3n de los derechos de los asistentes personales de las personas con discapacidad grave y de las indemnizaciones mensuales para estas personas representa, desde una perspectiva jur\u00eddica y administrativa, una transferencia incompleta de competencias hacia las autoridades locales.<\/p>\n
En la actualidad, conforme al marco legislativo aplicable, estos gastos se cubren en una proporci\u00f3n de hasta el 90% con cargo a los importes desglosados del IVA, siendo la diferencia asumida por los presupuestos locales. En la pr\u00e1ctica, esta estructura de financiaci\u00f3n genera una carga presupuestaria adicional para las unidades administrativo-territoriales (UAT), especialmente para los municipios con recursos fiscales limitados.<\/p>\n
En virtud del principio de \u00abel recurso sigue a la competencia\u00bb, consagrado en la legislaci\u00f3n sobre finanzas p\u00fablicas locales y en la doctrina administrativa, cualquier atribuci\u00f3n transferida del nivel central a la administraci\u00f3n local debe ir acompa\u00f1ada de la financiaci\u00f3n \u00edntegra correspondiente. En este caso, la transferencia de la competencia de gesti\u00f3n de los derechos de las personas con discapacidad grave hacia las UAT se ha realizado sin la cobertura completa de los gastos, lo que contraviene este principio. En la pr\u00e1ctica, los ayuntamientos se vuelven responsables de la implementaci\u00f3n de una pol\u00edtica social nacional, pero con recursos insuficientes.<\/p>\n
Esta subfinanciaci\u00f3n afecta directamente a la capacidad de desarrollo de las ciudades y de los municipios. Los fondos propios, que deber\u00edan destinarse a inversiones en infraestructura, educaci\u00f3n o servicios p\u00fablicos, se redirigen para cubrir estas obligaciones. En las localidades con un elevado n\u00famero de beneficiarios, la situaci\u00f3n puede conducir a desequilibrios presupuestarios e incluso a la imposibilidad de llevar a cabo otros programas locales.<\/p>\n
La financiaci\u00f3n de los derechos de los asistentes personales y de las indemnizaciones para las personas con discapacidad grave representa una obligaci\u00f3n derivada de una pol\u00edtica social nacional. De manera natural, los costes correspondientes deber\u00edan ser asumidos \u00edntegramente por el presupuesto del Estado, de conformidad con el principio de \u00abel recurso sigue a la competencia\u00bb.<\/p>\n
El mantenimiento de la f\u00f3rmula actual, mediante la cual una parte de la carga se transfiere a los presupuestos locales, afecta a la autonom\u00eda financiera de las UAT y vulnera el principio de proporcionalidad, exponiendo a las administraciones locales a desequilibrios presupuestarios. La soluci\u00f3n jur\u00eddicamente correcta sigue siendo, bien la financiaci\u00f3n \u00edntegra desde el nivel central, o bien la instauraci\u00f3n de un mecanismo de compensaci\u00f3n proporcional al n\u00famero efectivo de beneficiarios en cada UAT.<\/p>\n
En este contexto, tambi\u00e9n se ha planteado la posibilidad de que la gesti\u00f3n de toda la problem\u00e1tica sea asumida por una \u00fanica instituci\u00f3n subordinada al Ministerio de Trabajo, en calidad de ordenador principal de cr\u00e9ditos, con un presupuesto y mecanismos propios. Un enfoque de este tipo podr\u00eda garantizar uniformidad y eficiencia en la asignaci\u00f3n de los fondos; no obstante, debe tenerse en cuenta que dicha instituci\u00f3n deber\u00eda estar dotada no solo del presupuesto correspondiente, sino tambi\u00e9n de personal suficiente para cubrir la carga administrativa. En la actualidad, las competencias se gestionan, a nivel de cada UAT, por al menos una persona, lo que plantea la cuesti\u00f3n de la asunci\u00f3n efectiva de los recursos humanos junto con la transferencia de la competencia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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